España

28/11/2009

Modelo de Estado

Ni para adelante ni para atrás

La oposición del vocal ‘socialista’ Manuel Aragón a la última propuesta de sentencia sobre el ‘Estatut’ redactada por el Constitucional mantiene bloqueado un fallo que crispa al país

El 'president' Montilla se ha puesto en cabeza de las presiones al Tribunal Constitucional para impedir que se recorte el 'Estatut'.

EFE

Agencias/Madrid

«La clave está en Manolo», se escucha en la sede de Doménico Scarlatti, en el edificio redondo que alberga al Tribunal Constitucional (TC). Manolo es Manuel Aragón, el vocal elegido en el cupo del PSOE. Contra todo pronóstico, Aragón mantiene una posición contraria a la ponencia elaborada por Elisa Pérez Vara sobre el Estatut. Se trata del cuarto informe. Los anteriores fueron rechazados por mayoría y Pérez Vara se puso a trabajar en los nuevos, siempre sin éxito, lo que ha prolongado el debate durante tres años y ha provocado una crisis política de grado máximo entre Cataluña y el resto de España, que se ha visualizado esta semana con el editorial publicado por 12 periódicos de la región que ligaba la dignidad catalana a que el TC diera luz verde al Estatut.
El texto fue idea del director de El Periódico, que es hermano del conseller Joaquín Nadal. Montilla sugirió que fuera consultado con La Vanguardia para que no lo publicara en solitario un diario que todo el mundo sabe que le es afín. Logró su objetivo, pues se sumaron los restantes rotativos. Seguramente por convicción, pero a nadie se le escapa que la Generalitat es muy generosa con las subvenciones a la prensa escrita. Aunque esa es otra historia. Lo que interesa ahora es que ese editorial tenía un objetivo claro: presionar al Tribunal Constitucional.
Pues Manuel Aragón no está de acuerdo. Y de momento, nada indica que vaya a cambiar de opinión. En estos tres años el TC ha estado sometido a toda clase de presiones. No solo del Gobierno, aunque en la retina permanece la imagen de De la Vega abroncando públicamente a la presidenta Emilia Casas, prueba palpable de que el Ejecutivo estaba muy encima de las deliberaciones. Pero también el PP ha presionado a los vocales elegidos en su cupo, los conservadores. La formación de Rajoy además se sentía segura de que la sentencia podría serle favorable, pues estaba en mayoría; pero el fallecimiento de Roberto García Calvo cambió las cosas. Decidieron entonces recusar a Pablo Gómez Tremp, por haber realizado informes previos a la redacción del Estatut.

dimes y diretes. A lo largo de estos tres años se han producido innumerables filtraciones sobre las deliberaciones internas. Quizá las más curiosas eran las que apuntaban a que el abogado Eugenio Gay nunca aportó puntos de vista jurídicos, sino que acudía a las reuniones pidiendo que se tuviera en cuenta la sensibilidad del pueblo catalán hacia una norma aprobada en su Parlamento y ratificada en el Congreso -previo peinado de Caamaño, Rubalcaba y Perales- y que luego sufrió la convulsión de recibir varios recursos, entre ellos el del PP y el del Defensor del Pueblo.
La presidenta Casas ha hecho todos los esfuerzos posibles para desbloquear la situación, pero ha sido inútil, y han transcurrido meses sin que se produjera un solo avance, porque cada vocal mantenía sus posiciones.
No se ha analizado el preámbulo, en el que se dice que «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación». Y no se ha analizado, porque, según los magistrados, no tiene entidad jurídica y, por tanto, no tiene por qué analizarse su constitucionalidad, pero sí se han detenido en artículos relacionados con la fiscalidad, la bilateralidad, y las lenguas catalana y castellana.
Por tanto, no es cierto que se haya rechazado o aceptado el término nación, como se ha dicho. Pero sí se ha estudiado con gran atención el artículo 8.1, que dice que «Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno». Símbolos nacionales. Nacionales, de nación. El texto, que quería pasar sibilinamente el hecho de que Cataluña es una nación, no ha recibido el visto bueno de seis magistrados. Entre ellos, Manuel Aragón. La clave está en Manolo.
En los últimos días han arreciado las presiones sobre los miembros del TC. Y también las prisas. El propio Zapatero ha declarado que no habría sentencia antes de Navidad, lo que se ha interpretado de dos maneras: una, que sabe lo que ocurre; dos, que también él presiona para que se den prisa los magistrados y hagan pública su decisión, la sentencia, cuanto antes.

Cambio de rumbo. El presidente está nervioso por la tensión que provoca en la sociedad, y también por la que provoca en el seno de su propia familia socialista. El PSC se ha distanciado de forma alarmante del PSOE.
Y María Emilia Casas es consciente de esa prisa última. Pero no puede hacer nada, porque en estos momentos solo cuatro magistrados apoyan la ponencia elaborada por Elisa Pérez Vara.
Hasta hace pocos días, la presidenta tampoco aceptaba una sentencia por la mínima con los votos particulares correspondientes, y no quería ni oír hablar de ejercer su derecho al voto de calidad para deshacer el desempate y lograr una sentencia que no recortara excesivamente el Estatut, sobre todo en sus aspectos fundamentales.
Hoy sin embargo, tras las tensiones políticas vividas en las dos últimas semanas, la jefa de la más alta instancia judicial quiere cerrar el conflicto cuanto antes, y recurriría al voto de calidad para deshacer el posible empate.
Pero para ello haría falta que hubiera empate, que Manuel Aragón cambiara el sentido de su voto. Porque en este momento, solo están a favor de la ponencia la presidenta, Elisa Pérez Vara, Pascual Sala y Eugenio Gay. Seis contra cuatro. No salen las cuentas.

Rajoy, De la Vega y la FAPE. Mientras Rajoy recordaba un día más que «por encima de la ley no hay nadie» y que la futura sentencia sobre el Estatut debe ser a acatada por todos los poderes públicos, la vicepresidenta De la Vega recurría a un tono casi cabalístico, similar al usado días atrás por Zapatero, para dar a entender que tanto ella como su jefe saben cosas sobre el debate que se desarrolla en el Constitucional que la opinión pública desconoce y, pese a que la crispación es cada día más evidente, abogó por «aparcar ese cierto alarmismo que se está transmitiendo», y proclamó no tener «ninguna duda» de que la decisión judicial será «razonada y razonable». Enfrente se posicionó la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) al expresar su desacuerdo con el editorial conjunto de los diarios catalanes en defensa del texto autonómico, porque se trata de «una iniciativa insólita» que busca «convertir a los medios de comunicación en agentes de la política».    

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