España

28/11/2009

El Gobierno legisla para paliar la crisis

La Ley de Economía Sostenible deja de lado las reformas estructurales

Miscelánea de medidas ‘menores’. Reduce trámites y reorienta la supervisión financiera, pero no aborda el marco laboral

El presidente Zapatero, ayer en La Moncloa.

EFE

EFE-Ical/Madrid-Salamanca

Tras semanas de incorrecciones aparejadas con grandes expectativas, el Gobierno presentó ayer finalmente la Ley de Economía Sostenible, llamada a convertirse en piedra angular de un revolucionario modelo económico postcrisis que ha de liberar a España de su enorme dependencia del ladrillo y de las energías fósiles con el horizonte de 2020. No obstante, a la hora de la verdad, al menos de hacer caso a la oposición, la patronal y los sindicatos, el texto, sin duda tan bien intencionado como solo el papel permite, se limita a recoger un catálogo de medidas de escaso calado, mucho más efectistas que trascendentes y aplaza «para más adelante», la modificación de capítulos clave como la reforma de la educación, el nuevo modelo laboral o las líneas maestras de la futura política energética.
En definitiva, tal y como reiteraron casi todos los agentes políticos y sociales ajenos al Gobierno, se trata de una nueva decepción, que no aporta excesivas novedades y que, más que un replanteamiento del sistema productivo, constituye apenas otra ristra de parches para ir trampeando mientras amaina la crisis. En cuanto a las cifras, tampoco se produjeron novedades significativas y, tal como detalló la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sus principales herramientas son los dos fondos ya conocidos, uno de 20.000 millones en créditos del ICO, y otro dotado con 5.000 millones que debe sustentar la segunda fase del Plan E para inversión local.
Pese a tan escasos mimbres, la número tres del Ejecutivo se esforzó por convencer de las bondades de una norma que mejora tanto la fiscalidad de las actividades de I+D+i como de aquellas relacionadas con el medio ambiente -la deducción en el Impuesto sobre Sociedades para la investigación pasa del ocho al 12 por ciento, mientras que en los proyectos verdes se duplica, desde el cuatro al ocho por ciento-, que contempla mayores desgravaciones al alquiler y a las reformas en las viviendas y que prevé la remodelación de los organismos reguladores, así como la creación de nuevos entes, entre ellos una Conferencia Sectorial de Energía «para favorecer la coordinación de la Administración central y las autonomías».
Pese a que tales iniciativas, anunciadas varias veces por Moncloa, deberían llevar meses en funcionamiento, fueron vendidas como novedosas por Salgado, que también detalló que el anteproyecto recoge modificaciones en la contratación pública, limitando los cambios a los presupuestos aprobados; medidas para atajar la morosidad de las administraciones públicas, recortando los tiempos de pago (30 días como máximo a partir de la expedición de las certificaciones) y la reducción de los trámites para crear empresas, que en el caso de las pequeñas sociedades limitadas podrá llevarse a cabo en un día y con solo 100 euros.
En el ámbito financiero, el Gobierno mostró su confianza «en allanar el camino hacía una economía sostenible», controlando los sueldos de los directivos de las empresas cotizadas, mientras, en las cuentas del Estado, hará que las comunidades que no ayuden a cumplir con el Pacto de Estabilidad y control del déficit paguen su parte de las multas de Bruselas. Se obliga, asimismo a las entidades locales a realizar cuentas mensuales sobre su ejecución presupuestaria.
Por supuesto, la redacción final es mucho más restrictiva de lo que podría pensarse y, por ejemplo en el caso de las remuneraciones millonarias a los banqueros, el texto se limita a señalar que el Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración «coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz». Pero nada más.
No obstante, al menos según el parecer de la ministra Salgado, tal conjunto de vagos futuribles supondrán la creación de «actividad, riqueza, empleo y bienestar».

«Zapatero vive en otra galaxia;no hace nada y lo gasta todo». Tras conocer la ansiada y para muchos frustrante Ley de Economía Sostenible, el presidente del PP, Mariano Rajoy, redobló sus críticas a la política económica del Gobierno y criticó al presidente Zapatero, porque «vive en otra galaxia». Tras insistir en que la única receta del inquilino de Moncloa consiste en «no hacer nada y gastarlo todo», el conservador auguró que el socialista no va «a rectificar». «Esta política económica no se la cree nadie, ni la Comisión Europea, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, ni los españoles», aseveró el líder del principal partido de la oposición antes de lamentar que el problema del país «es el tiempo que todavía le resta a Zapatero al frente del Gobierno».
En cuanto al texto aprobado ayer, Rajoy señaló que «es el enésimo anuncio de una cadena de anuncios que no termina nunca, que no resuelve nada y que empeora las cosas». A juicio del gallego, «lo que no es sostenible son las cuentas públicas ni la situación de muchas entidades financieras que no dan crédito», por lo que abogó por un plan de austeridad para la Administración.
Aún más rotundo se mostró el coordinador económico popular, Cristóbal Montoro, que denunció la intención del Ejecutivo de «dirigir» los sectores productivos a través de una regulación «de otros tiempos», que comparte similitudes con el «desarrollismo franquista», e incluso «con las economías soviéticas».    

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