Urrusolo Sistiaga pide a los 'abertzales' que den el paso de exigir el final de los atentados.
Por más que en el mundo que rodea a ETA sea casi imposible separar el trigo del arrepentimiento de la paja del engaño, lo cierto es que cada vez son más los indicios que refrendan la existencia de un enorme cisma que separa a los duros, empeñados en prolongar la agonía de la banda mediante bombas y tiros en la nuca, de quienes asumen la derrota de la estrategia de la muerte y abogan por integrarse en la vida política.
El último ejemplo lo dieron ayer dos históricos dirigentes de la organización terrorista, que reclamaron públicamente a los proetarras que plantee el fin de la violencia como cuestión central de su propuesta ideológica. Se trata de los presos Joseba Urrusolo Sistiaga y Carmen Guisasola, que hicieron un llamamiento a «esa mayoría amplia de la base social de la izquierda abertzale» para que «plantee claramente lo que piensa». Según señalaron, «hace cinco años» ellos también pensaban que «aquél proceso de paz que se iniciaba iba a ser el definitivo».
«Nos equivocamos al pensar que la actitud que algunos aún mantenían en cuanto a la lucha armada y a la kale borroka no podrían impedirlo», declaran en una misiva publicada en diversos diarios. «Esta vez no puede volver a ocurrir lo mismo», prosiguen con el argumento de que «ahora que, por fin, se plantea el debate sobre el cambio de ciclo y de estrategia, conviene recordar que durante el proceso de Loyola, tanto la mayoría de la base social de la izquierda abertzale, la mayoría de los presos y hasta la Mesa Nacional de Batasuna, estaban deseando que dicho proceso fuera irreversible».
Que lo hagan unos u otros. «Sería deseable que ETA decidiera el cierre de la lucha armada», pero si la banda «sigue como hasta ahora», debe ser la izquierda abertzale la que plantee el fin de la violencia, afirman los dos presos en su carta, en la que además abogan por abrir una etapa «exclusivamente política».
En el escrito, Urrusolo y Guisasola -que fueron expulsados de ETA y que posteriormente se desvincularon del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK)-, señalan que «fueron solo unos pocos en la banda y otros pocos desde algunos aparatos abertzales quienes se empeñaron en seguir con la lucha armada», y «ahora unos andan empeñados en proponer un cambio de ciclo sabiendo, deseando y planteando en privado que esto solo será posible sin la lucha armada, mientras que los otros siguen manteniendo que van a seguir practicándola». «Las dos posturas, no solo son incompatibles, sino que están enfrentadas», resumen.
Como colofón, ambos reclusos apuntan que «en la propuesta de debate» que los proetarras presentaron recientemente para forzar un nuevo proceso de diálogo con el Estado «se intuye lo que se quiere decir, pero no se plantea claramente y el mensaje queda difuso, dando pie a que algunos sigan planteando fórmulas que hagan compatible abrir un nuevo proceso con el mantenimiento de la lucha armada, y esto es imposible». Por esa razón, concluyen, se debe «hablar claro» porque, «cuando se propugna un cambio de ciclo y de estrategia, se quiere decir dejar de utilizar la lucha armada y abrir una etapa exclusivamente política».
La proclama de Sistiaga y Guisasola no desató demasiado entusiasmo en el PP, puesto que, como explicó su portavoz en el País Vasco, Leopoldo Barreda, los firmantes de la carta «representan poco» en la banda armada.
El conservador pidió no «sobrevalorar» un escrito que se debe enmarcar dentro de los «elementos estrictamente endogámicos de ese mundo y en disputas por el poder, o por lo que fuere».
Cárcel para los jefes de segi.El tándem franco-español contra ETA funcionó ayer nuevamente a la perfección. Mientras la Justicia gala condenaba al que fuera jefe del aparato militar de la banda Juan Ibón Fernández Iradi, Súsper, a 30 años de cárcel, la Fiscalía reclamaba la prisión incondicional para los supuestos integrantes de Segi que pasaron por la Audiencia Nacional tras ser detenidos el pasado martes.
Luis Barroso está convencido de que los 13 primeros proetarras que desfilaron durante toda la tarde ante el juez Fernando Grande Marlaska pertenecen a la organización criminal y deben estar entre rejas hasta que se les juzgue. A la espera de que declaren el resto de los 34 imputados, el representante del Ministerio Público les achaca delitos de integración o colaboración con organización terrorista. La redada contra la rama juvenil de ETA, que se desarrolló en el País Vasco y Navarra, fue posible gracias a la documentación intervenida al responsable del aparato político de ETA Ekaitz Sirvent, detenido en abril en París. En aquellos papeles se decía que las «luchas prioritarias» de Segi son el tren de alta velocidad (TAV), el «modelo educativo», la «especulación inmobiliaria» y la construcción del «Estado vasco».
Mientras, en Vitoria, el pleno del Parlamento vasco manifestaba, por primera vez, su apoyo a la política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno central «como uno de los pilares de la lucha contra el terrorismo, respetuosa con los derechos humanos y facilitadora de la autonomía y la reinserción individual de los presos».
El texto fue presentado por UPyD en forma de enmienda a una proposición no de ley de EA sobre «el traslado de los presos vascos a Euskal Herria» y salió adelante con el apoyo del grupo de Rosa Díez y de PSE y PP. Como es habitual, el PNV, Aralar, EA y EB rechazaron la propuesta, aunque sus votos no fueron suficientes para dejarla fuera de juego.
A la hora de justificar su defensa a los terroristas convictos, el parlamentario de EA Jesús Mari Larrazabal sostuvo que su grupo solo pide «que las personas vascas presas sean traídas a Euskal Herria y, si no es posible, que se les acerque».
Asimismo, criticó que los Gobiernos español y francés «siguen con la política de dispersión de los reclusos, manifestando un absoluto desprecio por todos los acuerdos adoptados en estos últimos años por el Ejecutivo regional y el propio Parlamento de Vitoria en contra de la dispersión».
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