La ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria obligará a la Junta de Castilla y León a reducir en 170 millones (0,3 por ciento) su deuda pública para no superar el tope del 10 por ciento del Producto Interior Bruto en el año 2020, si bien la aplicación de este precepto se producirá cuando el crecimiento de la economía sea del dos por ciento o se genere empleo.

Esta es una de las novedades de la normativa estatal, aun en fase de anteproyecto pero dado a conocer por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, que se deberá incorporar así al proyecto de ley de Estabilidad o "Techo de Gasto" remitido por la Junta a las Cortes, ya en fase de tramitación parlamentaria.

Precisamente, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, se reunirá con los tres grupos de las Cortes la próxima semana para que la ley salga con el máximo consenso, tanto en la redacción propuesta por el Ejecutivo autonómico como en los aspectos estatales que se deben incorporar a la misma.

Junto al tope máximo de deuda, que en el ámbito estatal será el 60 por ciento del PIB -47 por ciento la Administración General, 10 por ciento las autonomías y tres por ciento los entes locales-, y su reducción hasta 2020, el texto del Ministerio de Hacienda recoge también que el gasto no financiero (transferencias finalistas e intereses) no podrá aumentar por encima de la tasa de referencia económica nacional. Esta «regla de gasto» motivara otra enmienda al texto autonómico para que el techo de gasto se acuerde por las Cortes entre enero y junio y no en septiembre, dado que antes del 1 de agosto se tiene que remitir al Gobierno.

La Consejería de Hacienda tendrá que destinar este año unos 540 millones para el pago de la deuda, lo que supone 151 millones y un 28 por ciento más de lo que se tuvo que presupuestar en 2011. Así, el presupuesto de 2012, pendiente de aprobación, estará ya condicionado por esa cantidad.

Castilla y León es la cuarta comunidad con menos deuda pública respecto de su PIB y se mantiene cuatro puntos por debajo de la media de las autonomías. En concreto, Castilla y León debe 5.089,6 millones, lo que supone un 8,8 por ciento de su PIB, frente al 12,6 por ciento de media entre las regiones españolas. Así, cada castellano y leonés adeuda 1.992 euros, que son 884,6 menos de lo que se debe de media en el conjunto de las comunidades autónomas.

«Queremos que el proyecto de ley salga de las Cortes con el nivel más alto de acuerdo», afirmó el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que recordó que la Ley de Estabilidad desarrolla un artículo de la Constitución, cuya reforma contó con el respaldo de PP y PSOE en las Cortes Generales, y compromete el presupuesto a largo plazo.

novedades. Entre las novedades del proyecto autonómico está que la Consejería de Hacienda podrá minorar las transferencias previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad para los entes del sector público regional que incumplan las obligaciones previstas o los compromisos asumidos en el plan económico financiero que deben presentar a ese departamento para su aprobación con el objetivo de cumplir con el equilibrio de estabilidad.

El texto remitido por la Junta, del que informó el presidente Juan Vicente Herrera el pasado 29 de diciembre, refuerza la disciplina presupuestaria para evitar un crecimiento del gasto público por encima de lo que «razonablemente permitiría la estructura económica de la sociedad». El proyecto de ley incorpora también como novedad un "Fondo de reserva", cuyo importe se destinará a la disminución del endeudamiento neto de la Comunidad.

Para frenar el gasto en momentos de expansión de la actividad económica y aprovechar el margen para reducir el endeudamiento generado en una fase de recesión, el proyecto de la Junta refuerza el principio de estabilidad, como acordaron PP y PSOE a través de una proposición no de ley sobre la fijación del "techo de gasto" por las Cortes, e implica a todos los entes del sector público de la Comunidad.