Las Cortes de Castilla y León acordaron por unanimidad instar a la Junta para que pida al Gobierno central que establezca un Plan 2000E de vehículos industriales y comerciales ligeros con el fin de incrementar sus ventas y por lo tanto se garantice la carga de trabajo en las factorías de Iveco en Valladolid y Nissan, en Ávila, según defendió en la Proposición no de Ley el procurador Raúl de la Hoz, del Grupo Popular.
De la Hoz recordó que ya se hizo lo mismo con los turismos para aumentar las ventas en Renault y se logró el objetivo. Por ello, pidió el apoyo del PSOE en una iniciativa que pretende apoyar al sector de la automoción que da trabajo, directo o indirecto, a más de 100.000 personas de 180 empresas en la Comunidad. El procurador popular rememoró que la Junta trabajó conjuntamente con el Gobierno para garantizar la viabilidad de Renault a través de un plan industrial, aunque hasta su llegada se garantizó la carga de trabajo.
Precisamente, ese es el objetivo de pedir al Gobierno que modifique el Plan 2000E para incluir la subvención a la compra de vehículos industriales y comerciales ligeros hasta una masa máxima de 6,5 toneladas que cumplan con la normativa europea de emisiones y para que elabore y ponga en marcha, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan específico de ayudas para vehículos de entre 3,5 y 6,5 toneladas.
Al margen, De la Hoz añadió que la Junta seguirá trabajando con el Gobierno para apoyar el plan industrial de Nissan en Ávila y garantizar los puestos de trabajo, pero, mientras esto llega «la única forma de hacerlo es dando ayudas a la compra». Esta propuesta, dijo, «no va contra nadie, ni pretende meter el dedo en el ojo al Gobierno», sino que se ofrece la colaboración al 50% para ayudas.
No hay garantías. Precisamente, la procuradora socialista Yolanda Vázquez precisó que el plan estatal no garantiza que se compren vehículos de Nissan o Iveco. Es más, recordó que de los 278 adquirientes que se han acogido al Plan Reflota, solo 28 compraron en Iveco y 16 en Nissan. Por ello, presentó una enmienda de sustitución en la que se planteó que se instara a la Junta a que, dentro del marco de legislación europea, establezca mecanismos de ayuda directamente destinadas a las plantas de Nissan e Iveco.
Una enmienda que fue calificada por Raúl de la Hoz de «absurda e ilegal» porque la Unión Europea no permite las ayudas directas a las empresas y calificó la posición socialista de cúmulo de excusas.
Finalmente, el grupo socialista apoyó la propuesta que salió adelante por unanimidad.
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