La Junta de Castilla y León pedirá en abril, durante la reunión de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma, la reunión urgente del Grupo de Trabajo del Coste Efectivo de la transferencia de los medios materiales y personales de la Justicia, según anunció ayer ante el pleno de las Cortes el presidente, Juan Vicente Herrera.

Esta es una de las previsiones que tiene el Ejecutivo autonómico para desbloquear el traspaso de esta competencia, conforme a la respuesta que dio Herrera a la pregunta que en tal dirección planteó el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, ante el pleno de la Cámara. Herrera y Otero coincidieron en que Castilla y León no puede aceptar una competencia si no está bien valorada. «La pregunta es un clásico», anunció Otero al plantearla, en la que se interesó como recoge la Junta los 119 millones de valoración de esta competencia, según la cifra que dejó en Valladolid la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en su visita a Presidencia el pasado mes de febrero. Otero preguntó si están incluidos aspectos como la justicia gratuita o la nueva planta judicial. Herrera respondió que la competencia está bloqueada, al igual que lo está en comunidades gobernadas por socialistas como Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares. «No se va a aceptar si no podemos dar un servicio moderno», aseguró.

En este sentido, subrayó que el Grupo de Coste Efectivo no ha tenido ninguna reunión y, sobre los 119 millones ofrecidos por el Gobierno, precisó que el coste de la justicia en Castilla y León en 2009 ha rondado los 132 millones de euros. «Hay costes extraordinarios», añadió, y subrayó que no van a dar un «paso que sea un fraude» para los trabajadores y los usuarios.

Entre los gastos extraordinarios, enumeró el aumento de retribuciones que aceptó el Gobierno tras las protestas en la judicatura en 2008 y no están en los presupuestos o el recorte de 10 a 8,6 millones de este servicio en Castilla y León. «Así es imposible» su asunción, apostilló.