El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmará hoy un convenio de colaboración con la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, para facilitar la conversión del excedente de viviendas libres sin vender en Castilla y León en protegidas. Herrera estimó en julio en 30.000 el número de inmuebles que podrían cambiar de denominación durante la firma de un acuerdo con los agentes económicos y sociales en el marco del Consejo del Diálogo Social.
Asimismo, precisó que estas 30.000 viviendas son propiedad de empresarios y entidades financieras y son susceptibles de acogerse a esta medida en la región. En ese momento, aclaró también que la salida del stock de vivienda es una medida para satisfacer la demanda tanto de empresarios como de las entidades financieras y aunque asumió que no generará empleo a corto plazo, apuntó que se quitará «una piedra del camino» para que los promotores puedan arrancar de nuevo su actividad. Según explicó, la crisis que afecta a la economía en general y al sector inmobiliario en particular tiene como una de sus principales consecuencias un notable descenso de la demanda para la adquisición de viviendas de nueva construcción, lo que determina un importante número de viviendas que no tienen salida en el mercado. Desde el punto de vista social, más de 30.000 familias de la Comunidad podrían acceder a una vivienda y desde el punto de vista económico, esta situación de inmovilización provoca que más de 5.250 millones permanezcan paralizados.
Mediante el acuerdo alcanzado en julio con los agentes sociales y económicos, y con el objetivo de avanzar en la cohesión social y el progreso económico, se pretende incrementar el parque de viviendas protegidas de Castilla y León a la vez que se facilita la salida al mercado del stock de viviendas libres pendientes de venta.
En concreto, los promotores y otras entidades que ofertan viviendas, como son las entidades financieras, ponen a disposición de la Junta las viviendas de nueva construcción pendientes de venta y que ya hayan obtenido licencia de primera ocupación.
Además, se realizarán cuantas gestiones sean necesarias durante el proceso de venta o alquiler, garantizando los derechos de adquirentes y arrendatarios así como tramitar y resolver la calificación de las viviendas como protegidas, siempre que exista un comprador que reúna los requisitos de acceso a viviendas protegidas. Por tanto, se calificarán como protegidas aquellas viviendas en las que exista un contrato de opción de compra o reserva. Las viviendas que no tengan comprador seguirán siendo libres. Asimismo, se tramitarán y resolverán las solicitudes de visado de los contratos así como el reconocimiento de las ayudas que pudieran corresponder a los adquirentes que pueden alcanzar los 18.000 euros.
Características. Serán libres de nueva construcción, ubicadas en Castilla y León, que hayan obtenido licencia de primera ocupación y se encuentren pendientes de venta. Podrán ser susceptibles del acuerdo aquellas viviendas que cumplan los requisitos necesarios para ser calificadas como protegidas, y en especial, los relativos a superficie útil máxima y precios máximos por metro cuadrado.