Es la condena finalmente pactada entre el Ministerio Fiscal y el procesado, quien se ha reconocido autor de un delito de tentativa de asesinato y de otro de tenencia ilícita de armas, con la agravante de reincidencia, con lo que ha aceptado siete años y medio de privación de libertad por el primero y otros dos más por el segundo, junto con el pago de indemnizaciones en favor de la víctima.