"Actuamos con arreglo a la legalidad porque la decisión municipal es evidente y no hay riesgo para el interés público que merezca una suspensión", aseveró. Puente recordó que la concesión del ciclo del agua expira el 30 de junio, para posteriormente proceder a la gestión pública. "Una medida cautelar de esa decisión conllevaría una prórroga por la puerta de atrás de la gestión privada que no cabe"