Los sindicatos UGT, CCOO y Csif exigieron ayer una carrera profesional «horizontal, única y común» para todos los empleados públicos, que no esté condicionada a cuestiones presupuestarias y datos económicos y que tenga un proceso extraordinario este año. Así lo expresaron los responsables de empleo público de los tres sindicatos, que avanzaron que ya se han reunido con todos los grupos parlamentarios para hacerles llegar las enmiendas que consideran que se deberían presentar la Proposición de Ley para el establecimiento de la carrera profesional de los empleados públicos que se tramita en las Cortes, impulsado por el Grupo Popular, a pesar de que consideran que no es la fórmula adecuada y que debería de haberse negociado en la Mesa de Función Pública con los representantes sindicales.
Dicho esto, y tras recordar que su desarrollo ya se recogía en el Acuerdo de Modernización de la Función Pública de 2015, han hecho llegar a los grupos enmiendas que persiguen una carrera «igual» para todos los empleados públicos y que no contemple dos «niveles» como en el caso de Sacyl. Además, reclaman que el desarrollo reglamentario se negocie en las mesas correspondientes una vez que se apruebe la ley de la carrera, algo que se exige desde de 2007 y que supone un compromiso del PP, que «estaba y está» y 15 años después no ha cumplido, señaló la coordinadora del Área Pública de CCOO, Ana Rosa Arribas.
Ahora, criticó que en el proyecto original se vuelva a «parcelar» el acceso «por niveles» entre Sacyl, el personal docente y el resto y vuelva a hacer diferencias, pero además limite en su artículo 7 el cumplimiento de su aplicación a cuestiones económicas y presupuestarias, a la vez que lleva su puesta en marcha al año 2020, «compromiso que el partido que lo presenta no está en condiciones de garantizar».
Los sindicatos aseguraron que todos los partidos han manifestado que estudiarán sus enmiendas y todos entienden que la carrera debe ser única para todos los empleados públicos, aunque el PP, con el que se reunieron ayer, hay cuestiones que sí asume pero otras no como algunos temas económicos.
Por su parte, el responsable ugetista, Tomás Pérez Urueña, señaló que salen «muy preocupados» de las reuniones mantenidas porque a pesar de que todos han sido receptivos, el PP ha reiterado el problema presupuestario, ya que en su propio proyecto de ley mantiene el condicionante de una mayor financiación estatal para el capítulo de personal para que se pueda poner en marcha la carrera. Así, rechazó que se vincule la carrera profesional a las entregas a cuenta vinculadas al personal. También Raquel Fernández, de Csif, se mostró contraria a que se establezca una cantidad económica, que se fijó en 75 millones, sino que se habilitará el «crédito necesario». Por último, los sindicatos reclaman que se establezca el compromiso de abrir un proceso extraordinario para 2019, que supondría el acceso a la carrera por antigüedad.