El alcalde subrayó que la explicación legal es "muy clara", pues hay que resolver la solicitud en el plazo máximo de un mes, pues si no se hiciera, se suspendería el acuerdo plenario dl 1 de septiembre, la Carta de Conformidad cobraría vigencia de nuevo y el Ayuntamiento estaría obligado a pagar "32 millones de euros" por la devolución del primer plazo del crédito de la sociedad del soterramiento.