El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que se ha presentado esta semana, contempla una inversión global de 112.078,760 euros en la provincia. Esta partida implica una subida del 11,7 por ciento respecto a las cuentas del año pasado, diseñadas por el Partido Popular, y sitúa la inversión per cápita en 215,59 euros por habitante.
Estas son las cifras objetivas, pero el desglose y posterior análisis de las partidas concretas, sobre todo de las dedicadas a las grandes infraestructuras pendientes en Valladolid desde hace años, refleja que casi la mitad de este dinero corresponde a partidas del Ministerio de Fomento, Renfe y Adif, que lo dedican a los proyectos ferroviarios (Variante Este en Valladolid y desarrollo de la alta velocidad hacia Burgos y Galicia). Esto supone que demandas históricas como el desarrollo de los tramos vallisoletanos de la Autovía del Duero (A-11) y de los de la que unirá Valladolid y León (A-60) siguen sin consignación suficiente para iniciar sus obras este año, aunque la subdelegada del Gobierno, Helena Caballero, anuncia ahora que confía que las máquinas podrían entrar a finales de año en algún tramo de la A-11.
El impulso a los tramos vallisoletanos de la Autovía del Duero, que sustituirá a la N-122, se ha convertido ya en una demanda histórica, que una vez más el Gobierno socialista se había comprometido a resolver. De hecho, el pasado mes de noviembre se dio el visto bueno por parte del Ministerio de Fomento a los proyectos de construcción de los tramos que unirán Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba. Son 35 kilómetros que, inicialmente, necesitan un presupuesto de licitación previsto de 240,4 millones de euros. Pero, sin embargo, el proyecto de PGE de 2019 contará con un montante de siete millones.
Unas cantidades que el secretario general de infraestructuras, Javier Izquierdo, justifica que se «ajustan a la realidad» del momento. El alto cargo socialista pide a los vallisoletanos que «entiendan» que una obra no es decir hágase y que ya se están moviendo las máquinas. Izquierdo recuerda que llevan trámites administrativos «muy complejos» y, después, hay que licitar las obras. «Lo más que podemos hacer en estas vías es empujar los proyectos como estamos haciendo». Además, se compromete a que se «ampliarán» cuando puedan comenzar las obras. Un compromiso que la diputada nacional del PP, Raquel Alonso, cuestiona y reclama que se presupuesten los 40 millones que estaban previstos en sus cuentas para la A-11, pero también para otras infraestructuras. «No tienen sentido la reducción de las inversiones contempladas para la autovía A-60, Valladolid-León, 200.000 euros menos respecto de 2018, y para el tercer carril de la A-62, con unos 250.000 euros frente al 1.300.000 euros que los ‘populares’ tenían de previsión para esta importante vía.
Además, de que proyectos como el tercer carril de la A-62 y la nueva travesía de Simancas también reciban cantidades mínimas, en espera de su proyecto de obra, también se abren dudas sobre el futuro Campus de la Justicia, que se tiene que conformar con una partida de 50.000 euros, a la espera de que el Ayuntamiento ponga los terrenos a disposición del Ministerio. En este caso, el alcalde de la capital, Óscar Puente, resta importancia a la dotación de recursos porque recuerda que ahora mismo tanto éste como el de los nuevos talleres de Renfe «dependen más de tramitación que de la financiación». Unas explicaciones que no convencen al PP que recalca el «absoluto olvido del gran proyecto de Óscar Puente, que no recibe euro alguno.
Ferrocarril. Precisamente, estas partidas incluyen una consignación para los nuevos talleres, pero la cuantía importante, de 25 millones de euros, se destina a la conclusión de la Variante Este, que es la que permitirá que entren en funcionamiento. Estas obras se paralizaron por recortes presupuestarios derivados de la crisis en 2010 y son fundamentales para la entrada en funcionamiento de los nuevos talleres. El Gobierno ha fijado en sus previsiones plurianules otros 85,6 millones de euros, que se presupuestarán hasta 2022, tal como se fijó antes de la firma del convenio entre el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento para financiar la integración del ferrocarril.
Esta la principal inversión de las entidades empresariales del Estado para la provincia, que se complementa con una partida de 2,3 millones para la remodelación de la estación Campo Grande. Este es otro de los compromisos del Gobierno de España en el citado convenio con la sociedad Valladolid Alta Velocidad (VAV). Esta obra también tiene una previsión plurianual que establece una inversión total de 96 millones de euros hasta el ejercicio 2022.
Una decisión que los parlamentario ‘populares’ cuestionan porque siguen defendiendo el soterramiento de las vías a su paso por la capital y porque consideran que estas cuentan no hacen otra cosa que «certificar» la «defunción» de este proyecto. También reclaman despejar la incógnita sobre si se apostará o no por la alta velocidad para la variante este, algo que consideran fundamental para no liquidar definitivamente el proyecto del soterramiento.