La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) lleva desde 2015 luchando para conseguir que los clientes no carguen de forma exclusiva con los gastos de formalización de hipotecas. Su coordinador en Castilla y León, David Solís, se muestra muy decepcionado con el cambio de criterio del Supremo, pero satisfecho con la respuesta del Gobierno, aunque con matices.

¿Qué opinión le merece la decisión que tomó el Tribunal Supremo de rectificar su propia doctrina para que sean los clientes los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en lugar de las entidades financieras?

Es algo inexplicable. Que el Tribunal Supremo cambie una doctrina marcada por una sala especializada en temas tributarios es algo totalmente inédito. Esto demuestra que en España, lamentablemente, no hay justicia para los consumidores cuando en el otro lado está la banca, que siempre sale impune, como sucedió con las cláusulas suelo, los intereses de demora y la cláusula de vencimiento anticipado. No nos sorprende, porque es un caso más, pero vuelve a demostrar que los consumidores en España están en una situación de indefensión.

¿Se lo esperaba?

Esperábamos que la cláusula 68.2 del Reglamento (del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) se considerara nula e intentaran buscar una interpretación de la norma para que no hubiera que pagar a los consumidores, pero lo que hemos visto es totalmente inexplicable.

¿En qué situación cree que ha quedado el Supremo después de esta decisión?

Muy tocado. No es la primera vez que falla a favor de las entidades financieras, pero quizá este sea el momento más mediático por lo que esto supone y por la cantidad de gente que se habría beneficiado de una resolución favorable.

El Gobierno tardó poco en reaccionar y Pedro Sánchez anunció que los españoles nunca volverán a pagar este impuesto, porque lo harán las entidades financieras. ¿Qué le parece?

Nos parece que el comunicado es positivo, pero podía haber adoptado algún mecanismo compensatorio para los que han pagado hasta ahora este impuesto y el resto de gastos hipotecarios. Es una buena medida, pero nos aboca a continuar con la reclamación en los juzgados.

¿Qué opina de la creación de una «autoridad independiente para la protección de los clientes financieros»?

Lo llevábamos reclamando en Adicae desde hace tiempo, pero habrá que ver en qué condiciones se plasma. Es decir, hay que saber quiénes formarán parte del organismo, cuáles serán sus competencias y si sus actuaciones van a ser vinculantes.

¿Cuánta gente podría haber pagado estos gastos en Castilla y León?

Los datos bailan. Los que han dado la Junta están entre 50.000 y 60.000 casos en los últimos cuatro años, pero no sé si cuentan las hipotecas vivas. También habría que contar las canceladas, así que podríamos estar hablando de cien mil casos.

¿Y qué cantidad podrían haber recuperado en el caso de que se hubiera aplicado esta medida con retroactividad? Me refiero a una hipoteca media.

Nosotros es que no solo reclamamos este impuesto. Es solo uno de los conceptos de los gastos de formalización de hipotecas, pero, si contamos la notaría, el registro, la gestoría, la tasación y la comisión de apertura, estaríamos hablando de entre 2.500 y 3.000 euros.

Cuando la justicia europea obligó a los bancos a devolver lo cobrado por la cláusula suelo, las entidades ofrecieron mecanismos a los clientes para facilitar este trámite, pero no se ha hecho lo mismo con los gastos de formalización de hipotecas, pese a que hay muchas sentencias que obligan a ello. ¿Cómo se están resolviendo estos conflictos?

Hay una sentencia firme del Tribunal Supremo contra el BBVA, dictada en 2015, que determinaba que la cláusula de los gastos hipotecarios era abusiva porque repercutía todos al consumidor. A raíz de este fallo se ha intentado de forma extrajudicial llegar a acuerdos, y la única entidad que ha accedido a ello, aunque fueran acuerdos muy parciales, ha sido el BBVA. Pero el resto no ha devuelto nada. Ni el impuesto, ni los gastos.

¿Y cómo se está resolviendo en la vía judicial?

Hasta ahora hay criterios de todo tipo. Unas sentencias obligan a la devolución de todos los gastos, y otras, a devoluciones parciales. Nosotros lo que planteamos es que, si una cláusula es abusiva, lo es desde el comienzo. Por lo tanto, todos esos gastos se han de devolver. Se podría entrar a discutir quién es el interesado en el pago de esos importes. Por ejemplo, la notaría interesa a las dos partes, por lo tanto, el gasto hay que repartirlo; la gestoría, también; pero el registro interesa exclusivamente a la entidad financiera, y es ella la que tiene que pagarlo. Lo mismo sucede con la tasación, porque, en la mayoría de los casos, la empresa tasadora la impone la entidad financiera.

El Supremo ha recibido infinidad de críticas por esta decisión. ¿No cree que es una forma de deslegitimar la labor del poder judicial? ¿No se debería mostrar más respeto por sus decisiones?

Nosotros entendemos que se ha atentado contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que marca la Constitución. Parece que no todo el mundo tiene derecho a reclamar si los que están enfrente son entidades que tienen una posición de superioridad respecto al ciudadano. El sistema judicial en España no funciona, y la prueba es que cada poco tiempo tiene que venir Europa a darnos toques de atención, sancionarnos y echar para atrás sentencias del Supremo.

¿Este es el punto final para este caso o cree que volverá a intervenir la justicia europea?

Hay que seguir reclamando por la vía civil y llegar hasta Europa por lo abusivo de las cláusulas que contienen este impuesto.

¿Qué sentencia considera Adicae que hubiera sido la más justa, teniendo en cuenta que se manejaban distintos escenarios relacionados con la retroactividad de la medida? El presidente de la sala planteó cuatro años.

Lo tenemos bastante claro. Debería haberse mantenido la sentencia del 18 de octubre, que determinaba que el artículo 68.2 era nulo y se tenía que dejar de aplicar, con todas las consecuencias que podía tener en las hipotecas ya formalizadas. Ha habido un error, generado por las propias entidades financieras, que consiste en reclamar a la Hacienda pública el impuesto. Esto limitaba la reclamación a cuatro años y favorecía a la banca. Nosotros reclamamos la devolución del impuesto porque esta incluido dentro de una cláusula considerada abusiva. Y cuando esto es así, como reconoció el propio Supremo con las cláusulas suelo, esta reclamación no tiene plazo.

Los magistrados que han impulsado este cambio de criterio sostenían que en este caso no se enfrentaban los consumidores y los bancos, sino a la entidad pública de vivienda de Rivas Vaciamadrid, impulsora del recurso, y la Comunidad de Madrid y el propio Estado, porque, según ellos, una sentencia en sentido contrario hubiera provocado un agujero de miles de millones de euros que hubiera acabado afectando a la prestación de servicios básicos, como la sanidad y la educación, por parte de las comunidades autónomas. ¿Cree que esta posición justifica el cambio de criterio?

Creemos que la Administración no tiene que entrar a devolver este dinero porque está bien pagado. Lo que pasa es que es el banco el que debería haber asumido el coste. Durante dos semanas se ha intentado generar este miedo para posicionar a los jueces del Supremo. Nosotros nos hemos ofrecido a sentarnos a negociar con las entidades financieras para buscar una solución de resarcimiento, que no tiene por qué ser el pago total de hoy para mañana, sino fórmulas que lo faciliten. Pero se han empeñado en crear este ambiente.

¿Realmente la medida del Gobierno beneficiará, en términos generales, al consumidor? Las asociaciones de bancos han avisado de que se puede producir una subida de los tipos de interés de los créditos hipotecarios.

Es lo mismo que ocurrió con las cláusulas suelo cuando la justicia europea determinó que tenían que devolverlo absolutamente todo. Entonces subieron los diferenciales, pero hemos visto que en los últimos meses, por la inercia del mercado, han vuelto a bajar. Seguramente que los bancos subirán el coste de las hipotecas, pero hay que tener en cuenta que ese es su principal negocio y, si sus condiciones son muy gravosas, los clientes no las contratarán y optarán por otras fórmulas. Es, de nuevo, recurrir al miedo.

¿A qué otras fórmulas se refiere?

Buscar alquileres e instar al Gobierno a que se fomente una buena política de fomento del mismo.

¿En qué posición se encuentra España respecto al resto de la Unión Europea en el cobro de gastos hipotecarios?

Nos consta, en base a varios estudios que se han hecho, que es el país de la Unión Europea con los costes más altos. En algunos de ellos ni siquiera existe el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que es otro aspecto a debatir. Si es necesario cobrarlo.

¿Considera que los bancos son lo suficientemente transparentes?

No. Esto ha sido un fraude más de las entidades financieras, que se suma a las preferentes, las cláusulas suelo, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), hipotecas multidivisa, etcétera. No hay transparencia en los contratos. De hecho, la mayoría de ellos son imposiciones, con condiciones gravosas. No hay negociación. Además, todos los consumidores tienen derecho a pedir una copia del contrato para llevársela a su casa y analizarla antes de firmar, y los bancos ponen muchas pegas.

¿Puede influir la escasa formación financiera que tenga la población?

Evidentemente, hace falta una mayor formación financiera porque los servicios y productos que nos ofrecen cada vez son más complejos. Nosotros hemos planteado en varias ocasiones programas de formación en colegios, institutos y universidades. El problema es que esta formación la están dando las propias entidades financieras en los colegios, con la connivencia de la Junta de Castilla yLeón. Los mismos que generan el problema. Hay empleados de banca que van a dar charlas sobre lo que es una hipoteca, pero se centran en explicar cosas como la importancia de tener una vivienda en propiedad y de pagar la hipoteca, por delante de otros gastos de primera necesidad. Al final lo que hacen es vender su negocio con una práctica que les sirve para cubrirse las espaldas y decir que los consumidores tienen suficiente información.

Usted habla de fraude de las entidades financieras, pero hay resoluciones judiciales que avalan prácticas que han recibido muchas críticas. Por ejemplo, hace menos de un mes la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja al considerar que no hubo engaño a los clientes...

El 98 por ciento de las sentencias de las preferentes son favorables a los ciudadanos. ¿Puede haber casos concretos de personas con formación muy concreta y que eso determine que la sentencia sea desfavorable? Puede que haya grandes inversores que obliguen a presentar argumentos distintos en las demandas colectivas.

¿Considera que los consumidores son conscientes de los derechos que les asisten frente a las entidades financieras? ¿Suelen hacerlos valer?

No tenemos cultura de reclamación y se desconocen las vías que ofrece el sistema financiero para ello. También es cierto que el propio sistema financiero no es efectivo, porque los defensores del cliente, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores emiten resoluciones que no son vinculantes. Y tardan mucho tiempo en hacerlo. Pero es cierto que los clientes desconocen cuestiones básicas, como la de las comisiones. De qué tipo son y si se están aplicando correctamente. La gente no sabe, por ejemplo, que el tablón de anuncio de las oficinas tiene que haber un registro de todas las comisiones y se debe poder acceder al libro de tarifas. Las comisiones tienen que responder a un servicio prestado y solicitado, aunque luego nos encontremos que nos las cobran, por ejemplo, por tener números rojos en la cuenta, pese a que también nos cobran el interés de demora. Es decir, es una doble comisión. También nos cobran comisiones de mantenimiento de cuentas vinculadas a las hipotecas, que la propia entidad nos obliga a abrir, pese a que el Banco de España recomienda que no se cobren. Podríamos hablar de muchas más.

¿Qué consejo le daría a una persona que tiene que firmar un crédito hipotecario?

Hay que solicitar las condiciones y revisarlas fuera de la oficina, con expertos y asociaciones de consumidores. Hay que poner atención en cómo están redactadas cláusulas que ya se consideran abusivas, en las condiciones de plazos y fórmulas de amortización. Nos podemos encontrar con hipotecas crecientes, aunque no se explique bien en la comercialización. Son un tipo de acuerdos en los que cada vez vas pagando más y se llega al final con cuotas muy amplias. También hay que analizar los productos vinculados que ofrecen con la contratación, como seguros, tarjetas de crédito y planes de pensiones. Hay que recordar que el único seguro obligatorio es el de continente de la vivienda. El resto son ofertas comerciales.

Otro de los frentes abiertos que ha tenido Adicae en la última década es el de Fórum y Afinsa. El pasado verano se dictó una sentencia que condena a los responsables a afrontar unas cantidades millonarias en concepto de responsabilidad civil, pero, evidentemente, no van a poder hacer frente a ellas. ¿En qué situación se encuentran los afectados?

Esa sentencia está recurrida. Como pasó con Afinsa, posiblemente haya una reducción de penas. La recuperación de las cantidades que han conseguido hasta ahora los afectados de Fórum, un 25 por ciento, y Afinsa, un 15 por ciento, es por el procedimiento concursal de la liquidación de la empresa. No esperamos recuperar el dinero a través de la vía penal, lo que planteamos es una solución política.

¿Por la responsabilidad patrimonial del Estado?

Exactamente. Incluso estamos barajando plantear la responsabilidad patrimonial del Estado por la dejación de funciones de la Justicia. No es lógico tener que esperar doce años por una sentencia. Estamos abiertos a negociar con los grupos políticos unas ayudas que se prometieron en su día y no han llegado.

Habrá gente que no comparta que el Estado tenga que hacer frente a las pérdidas de estos inversores...

Cuando han querido ha habido dinero para determinadas cosas, como el rescate a las entidades financieras y a las autopistas. Hay que recordar que Fórum y Afinsa tenían detrás la garantía y la publicidad del Estado, que decía que eran empresas modelo.

¿Cree que las movilizaciones sociales por estos escándalos son efectivas?

El problema que tenemos es que no hay unión de todos los ciudadanos. Si en su momento nos hubiéramos movilizado, no solo para salir a la calle, sino para hacer otro tipo de acciones, la presión que podríamos ejercer sería mucho mayor. Tenemos que aprender mucho de otros países de la Unión Europea, como Francia.

¿A qué otro tipo de acciones se refiere?

Presión a nivel político para conseguir modificaciones legislativas, organizarnos para hacer campañas concretas contra las entidades, etcétera.

¿Cuántos asociados tiene Adicae en Valladolid y Castilla y León?

Unos 3.000 en la provincia y 4.000 en la comunidad autónoma.

¿Para qué acuden a la asociación, aparte de los casos más conocidos?

Suelen plantear dudas sobre las pensiones, comisiones bancarias y análisis de contratos de ahorro, entre otras cosas.

¿Qué cuota deben pagar los socios y cómo se financia la asociación?

La cuota de inscripción es de 40 euros y luego, 36 euros anuales. Si hay varios afectados en el mismo núcleo familiar, hay una cuota reducida de cinco euros por familiar. Respecto a la financiación, se basa en estos ingresos, más las subvenciones a las que tenemos derecho como asociación de consumidores.