La juez transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los cuatro por entender que podrían existir delitos continuados de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad. La decisión obedece a los supuestos sobrecostes por trabajos facturados al Ayuntamiento.