Un paso impulsado por el Ministerio de Economía que se considera una forma de dejar encarrilada la operación para que el siguiente Gobierno la apruebe. La nueva entidad contaría con 2.500 oficinas y 17.350 empleados. La decisión estará en manos del nuevo Ejecutivo que deberá resolver si también saca la mercado a la firma madrileña como se había comprometido al rescatarla en 2012