La condena pactada por el encausado, cuatro años y medio por lesiones y otro año más por amenazas, contrasta con los siete años y medio que, con carácter provisional, solicitaba para él la acusación pública e incluye, en el capítulo indemnizatorio, el abono a la víctima de 23.000 y 663 más al Sacyl por la asistencia dispensada, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.