La investigación se inició en el mes de junio de 2016 al detectarse un entramado de empresas que estaría proporcionando mano de obra a agricultores para servicios en campos de cultivo, en la zona de Nava del Rey. El fraude llegaba cuando ninguna de las empresas creadas abonana cuota alguna por las altas de trabajadores (deben más de 192 millones) y por el cobro del paro (99.000 euros).